El yugo del crimen se aprieta más cuando se judicializan en un año 5,329 casos ligados a menores, según el último informe del Inegi sobre el sistema penal. Un censo nacional reveló que se registraron 15 causas penales al día en el sistema de justicia para adolescentes en 2024. En Michoacán, donde un joven asesinó al alcalde de Uruapan, se presentaron 51 casos el año pasado.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán enfrenta acusaciones por violar los derechos humanos al identificar a un adolescente de 17 años vinculado con el crimen. Colectivos denuncian la publicación de imágenes de menores en situaciones violentas, incumpliendo los lineamientos estipulados.
La delincuencia organizada recluta jovencitos como estrategia para mantener el control territorial y diversificar sus fuentes de ingresos. El asesinato del exalcalde Manzo por un adolescente de 17 años demuestra la gravedad de la situación, alimentada por la desigualdad y la impunidad.
Mientras tanto, en un contexto de violencia, un aguacatero en Michoacán muere tras pisar una mina terrestre colocada por el Cártel Jalisco Nueva Generación. La sociedad civil se moviliza en Uruapan en un paro y marcha por la paz y justicia para las víctimas, como el alcalde Carlos Manzo.
La tragedia en Michoacán muestra la cruda realidad de un sistema permeado por la corrupción y la impunidad, donde los más vulnerables son reclutados y usados como peones en un juego macabro de poder y violencia desmedida. ¿Hasta cuándo se permitirá esta injusticia flagrante en aras de intereses más oscuros?
