El diputado federal de Movimiento Ciudadano por Nuevo León, Eduardo Gaona, decidió sacar la vara para castigar a los servidores públicos que filtren información de carpetas de investigación. ¿La novedad? ¡Qué original!
La propuesta de Gaona contempla mandar a la cárcel de cuatro a diez años a los chismosos que compartan datos, fotos, videos o audios de personas investigadas por delitos. Parece que se olvidó de agregar penas para los funcionarios que caen en la suegra con sus confidencias.
Según el emecista, en el tema de justicia aún hay tela que cortar. ¡Wao, qué descubrimiento! Resulta que filtrar evidencias de investigaciones penales es una mala práctica extendida como la lonja de una tortillería en México, y obvio, eso no está cool.
¿Antecedente? Recordemos a Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio en 2020, cuyas fotos se filtraron como aguas de lluvia. Un crimen que, más allá del horror, generó una indignación que hasta el segurito vecinal se unió a la protesta.
Y para acabarla, el Código Penal Federal no tiene regla especial para castigar estos chismes, creando un hoyo legal que ni diciendo «Mario» se arregla. ¿Derechos iguales? Solo en teoría, porque en la práctica esto parece un reality show de mal gusto.
Seamos serios, la justicia en México tiene más filtros que una purificadora de agua. Pero bueno, al menos Gaona se ganó su medalla del “defensor de la justicia”, aunque parezca un poco tarde para salir con estas promesas baratas. ¿Nos vemos en las próximas elecciones? ¡El show debe continuar!
