El gobierno de Baja California Sur sigue en el ojo del huracán por la creciente ola de criminalidad que azota el estado. Parece que al morenista Víctor Manuel Castro le quedó grande el paquete y ahora la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se vio en la «necesidad» de enviarle refuerzos para investigar la masacre en Loreto, donde no faltó ni un niño de 10 años entre las víctimas.
Qué casualidad que a otro gobernador se le brinde otro salvavidas en forma de un «equipo especial de inteligencia» liderado por el flamante Omar Harfuch. Una unidad que trabajará con las Fuerzas Armadas y las autoridades de seguridad para tratar de poner un parche a esta situación tan catastrófica.
La pregunta es, ¿de qué sirve enviar más recursos y personal si el problema real radica en la raíz del sistema corrupto y en la falta de políticas efectivas para combatir la criminalidad? Mientras tanto, los ciudadanos sudcalifornianos siguen pagando las consecuencias de un gobierno rebasado por los eventos violentos y trágicos.
Por Rozones
