En Hidalgo, la política rara vez se mueve sola. Casi siempre camina tomada de la mano del dinero, de los viejos apellidos y de las redes que se reciclan sin pudor, aunque se pinten de “nueva generación”. Hoy, el nombre de Miguel Ángel Tello Vargas, titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva del gobierno estatal, vuelve al centro del tablero por un tema que ningún gobierno que se diga transformador debería minimizar: la sombra del conflicto de interés y el eco persistente del viejo régimen.
La historia reciente que lo coloca en la mira no es menor: Infonavit otorgó un contrato por 1,152 millones de pesos para construir 1,920 viviendas en Tepeji del Río a la empresa Dazna, cuyo representante legal es Carlos Eduardo Luna Mora, señalado como socio de Miguel Ángel Tello Ludlow, padre de Tello Vargas.
Hasta aquí, el dato sería “escandaloso” por sí mismo; pero lo que lo vuelve políticamente explosivo es lo siguiente: el propio reporteo documenta que Tello Vargas participó en reuniones vinculadas al programa “Vivienda para el Bienestar” y acompañó al titular del Infonavit a encuentros con cámaras empresariales para impulsar el proyecto. En otras palabras: hijo del socio y, al mismo tiempo, funcionario con acceso privilegiado y presencia directa en la cocina donde se armó el menú.
Y cuando un gobierno presume planeación “con enfoque social”, lo mínimo exigible es que el interés público esté blindado. Porque la planeación no es un escritorio decorativo: es el timón, el mapa y la llave de acceso a prioridades, presupuestos, programas y relaciones con la federación.
El vínculo incómodo: Murillo Karam y el negocio restaurantero
El problema para Tello Vargas no es solo el contrato. Es la genealogía política y empresarial que lo rodea.
Hay una línea que conecta a la familia Tello con el apellido más representativo del priismo duro en Hidalgo: Murillo Karam. Investigaciones periodísticas han documentado que Miguel Ángel Tello Ludlow (padre del funcionario) fue socio de Jesús Murillo Ortega (hijo de Jesús Murillo Karam) en la cadena restaurantera Café Madero.
Eso no es una “casualidad social”: es una relación comercial, con intereses, con convivencia de capital y con un simbolismo claro: la vieja élite no se jubila, se asocia.
Y el propio seguimiento mediático del caso del contrato del Infonavit vuelve a colocar esa red en el centro, al retomar que los vínculos empresariales del socio (Luna Mora) y de Tello Ludlow aparecen en sociedades donde también figura un hijo de Murillo Karam, además de antecedentes de empresas vinculadas a contratos durante el sexenio peñista.
En política, las sociedades importan porque describen una cosa: lealtades reales. Y aquí la lealtad que asoma no es a la austeridad, ni a la ética pública, ni a la “transformación”; es al club de los que siempre supieron convertir el poder en oportunidad.
Carolina Viggiano y el pleito que exhibe a un operador
La figura de Tello Vargas también ha sido visible como operador político. En 2022, en plena contienda por la gubernatura, notas periodísticas lo ubicaron en el equipo de Menchaca y registraron su choque mediático tras señalamientos de “guerra sucia” vinculados con Carolina Viggiano, acusación que él negó públicamente.
Más adelante, en 2025, publicaciones reportaron un nuevo episodio donde el PRI lo señaló por la difusión de material y se citó a Viggiano con una frase que —sea justo o no— pinta cómo lo ven desde el viejo rival: un operador joven jugando fuerte.
No es un tema menor: cuando el encargado de la planeación se vuelve personaje recurrente en lodos políticos, la pregunta inevitable es qué tanto planea y qué tanto opera.
La “cara nueva” con cola de dinosaurio
En su semblanza pública se le presenta como pieza clave en la formulación del Plan Estatal de Desarrollo 2022–2028.
Pero la política no se mide solo por cargos ni por documentos: se mide por coherencia, por distancia real frente a los vicios del pasado y por la capacidad de cortar redes cuando estorban al interés público.
Y aquí aparece el retrato más duro: una “cara nueva” que carga relaciones viejas.
Un funcionario joven que, por las ligas empresariales familiares y los entornos en los que se mueve, termina proyectando algo peor que el priismo clásico: la reencarnación pragmática del dinosaurio, maquillada de modernidad.
Lo más delicado del reportaje del Infonavit no es solo el monto; es el mensaje: si tu familia está asociada con quien representa la empresa favorecida y tú estuviste en reuniones del proyecto, el conflicto de interés no se debate: se investiga y se aclara.
Porque la planeación pública no puede convivir con la sospecha de que el acceso al poder es la antesala del negocio.
Menchaca y la contradicción que se vuelve costo
Aquí llega el punto político de fondo: Julio Menchaca lo nombró (hay documentos oficiales que refieren su nombramiento en septiembre de 2022) y lo mantiene al frente de una de las áreas más sensibles del gabinete.
Y mientras el discurso gubernamental promete ruptura con el pasado, este caso coloca una pregunta incómoda en la mesa:
¿Cómo se conduce el “futuro de Hidalgo” desde una oficina que hoy está rodeada por señalamientos de posibles conflictos de interés y por redes empresariales vinculadas a figuras emblemáticas del viejo régimen?
No se trata de linchamiento; se trata de estándares. Un gobierno que presume transformación no puede darse el lujo de responder con indiferencia cuando el tema es transparencia y posible conflicto de interés en un contrato de más de mil millones.
Conclusión: el timón no puede navegar con sospecha
Si Miguel Ángel Tello Vargas aspira a ser algo más que un funcionario de paso —si su proyecto es trascender— su obligación no es indignarse por las críticas: es abrir la información, transparentar agendas, explicar su participación, deslindar responsabilidades y exigir que todo se revise con lupa.
Y si el gobernador Menchaca quiere cuidar la legitimidad de su administración, hay decisiones que ya no admiten maquillaje: la planeación del estado no puede estar bajo sospecha, ni puede operar como si el conflicto de interés fuera una molestia mediática. La ética pública no es un slogan: es un método de gobierno.
Porque al final, cuando el gobierno permite que redes de negocios y apellidos históricos se asomen al corazón de las decisiones, no solo se erosiona la confianza: se le entrega al pasado el control del futuro.
