Por Dr. Gabriel Torres Durán
Doctor en Ciencias Políticas
En apenas dos meses, la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca se hundió en el descrédito. Cinco episodios documentados de abusos y excesos policiales —y los que aún no salen a la luz— bastaron para confirmar lo que en la calle ya se comenta: la corporación perdió el rumbo. No es un problema coyuntural ni de “malos elementos aislados”. Es una falla estructural que nace en la conducción política y administrativa del municipio.
La descomposición tiene nombre y cargo. El titular de la corporación, Juan Manuel Ayala Guarro, aparece una y otra vez como el eslabón débil —cuando no cómplice— de una cadena de mando que tolera excesos y normaliza la indisciplina. Una policía sin control interno, sin sanciones ejemplares y sin liderazgo ético termina convirtiéndose en un riesgo para la ciudadanía. Y cuando el responsable de poner orden está más ocupado en la parranda, en la grilla y en filtrar información a viejos aliados, el resultado es previsible: abuso, impunidad y pérdida de confianza.
Pero reducir la crisis a la Secretaría de Seguridad sería quedarse corto. El problema de fondo está en el presidente municipal Jorge Reyes, cuya agenda parece cada vez más distante de las urgencias de la capital. Mientras las colonias exigen patrullajes efectivos, protocolos claros y mandos responsables, el alcalde prioriza los grandes negocios, los acuerdos de alto nivel y la construcción de un andamiaje financiero que le permita competir por la candidatura al gobierno del estado. La seguridad pública —la obligación primaria de cualquier ayuntamiento— quedó relegada a un segundo plano.
Este divorcio entre gobierno y ciudadanía no es casual. Es el síntoma de una administración que confunde el poder con plataforma personal y el cargo con trampolín político. La falta de transparencia en decisiones clave, la opacidad en el manejo de la seguridad y la ausencia de rendición de cuentas alimentan la percepción —cada vez más extendida— de que Pachuca gobierna para unos cuantos, no para la gente que la habita.
Cuando la policía falla, la responsabilidad no se diluye: escala. Cada abuso no sancionado es una decisión política; cada omisión, un mensaje; cada silencio, una autorización tácita. Y mientras el alcalde mira hacia la siguiente boleta electoral, la ciudad paga el costo inmediato en miedo, desorden y desconfianza.
Conclusión
La ecuación es clara: ambición personal + mala gestión = administración extraviada. La falta de transparencia, el manejo deficiente del servicio público y la obsesión por el siguiente cargo han colocado al presidente municipal de Pachuca en una ruta de desgaste acelerado. No solo se aleja de cualquier aspiración legítima a un encargo mayor; se aleja, sobre todo, de la posibilidad de cerrar con dignidad su propia administración. En política, quien abandona el presente para perseguir el futuro termina perdiendo ambos.
