La contradicción política de Hidalgo

En Hidalgo hay una contradicción difícil de justificar: uno de los estados con mayores niveles de pobreza del país sostiene uno de los aparatos legislativos más costosos en proporción a los resultados que produce.

Los datos son claros. De acuerdo con estimaciones retomadas por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), cada diputado local en Hidalgo representa un costo anual aproximado de 7.36 millones de pesos. Multiplicado por los 30 legisladores del Congreso estatal, el gasto legislativo supera los 220 millones de pesos al año únicamente en la estructura que sostiene a los diputados.

La pregunta inevitable es: ¿qué está recibiendo Hidalgo a cambio de ese gasto?

Porque la realidad social del estado es brutalmente distinta al tamaño del presupuesto político.

Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 41% de la población hidalguense vive en pobreza y 6.8% en pobreza extrema. En términos absolutos, eso significa que más de 1.2 millones de personas enfrentan condiciones de pobreza, mientras más de 200 mil viven en pobreza extrema.

La pobreza no es marginal, es estructural

Pero el problema no se limita al ingreso.

En Hidalgo:

• Más del 65% de la población carece de seguridad social.
• Más del 50% tiene carencias en servicios de salud.
• Una de cada cuatro personas enfrenta deficiencias en servicios básicos de vivienda.
• Casi una de cada cinco tiene dificultades para acceder a alimentos suficientes.

Es decir, la pobreza en Hidalgo no es un problema marginal: es estructural.

El costo del Congreso frente a la realidad social

Frente a este escenario, el contraste con el costo del Congreso resulta incómodo.

Incluso el propio Poder Legislativo reconoce que el recurso destinado a la llamada gestión social de los diputados se redujo recientemente a 50 mil pesos mensuales por legislador, lo que equivale a 600 mil pesos al año por diputado.

En otras palabras: mientras cada legislador cuesta 7.36 millones de pesos al año, la cantidad que puede traducirse en apoyo directo o gestión territorial representa apenas una fracción mínima de ese gasto.

El resto se diluye en operación legislativa, estructura administrativa, asesores, oficinas y funcionamiento institucional.

El verdadero debate

Aquí aparece el verdadero debate.

Los diputados no están obligados a combatir la pobreza repartiendo apoyos. Su función constitucional es legislar, fiscalizar el gasto público y aprobar presupuestos que mejoren la vida de la población.

Pero entonces surge otra pregunta aún más incómoda: ¿qué grandes reformas estructurales han salido del Congreso de Hidalgo para enfrentar los problemas más graves del estado?

¿Dónde están las reformas profundas en materia de salud pública estatal?

¿Dónde están las iniciativas que cambien de fondo la desigualdad regional?

¿Dónde están las leyes que ataquen la informalidad laboral, que impulsen inversión productiva o que fortalezcan el desarrollo municipal?

Más arena política que motor de transformación

La percepción ciudadana es que el Congreso opera más como una arena política que como un motor de transformación social.

Y ese es el verdadero problema.

Porque cuando un estado con altos niveles de pobreza sostiene un aparato legislativo costoso pero poco visible en resultados, la discusión deja de ser presupuestal y se convierte en una crisis de legitimidad política.

La ciudadanía no mide el trabajo legislativo por el número de iniciativas presentadas ni por los discursos en tribuna.

Lo mide por algo mucho más simple: si su vida mejora o no.

La política como solución, no como gasto

Y mientras Hidalgo siga cargando indicadores de pobreza que afectan a millones de personas, cada peso destinado a la política debería demostrar con claridad que está ayudando a cambiar esa realidad.

Si no ocurre así, el Congreso corre el riesgo de convertirse en lo que muchos ciudadanos ya sospechan: una institución cara en un estado que no puede darse ese lujo.

Porque en una entidad donde millones de personas luchan todos los días por tener acceso a salud, alimentación o seguridad social, la política no puede ser vista como un gasto. Tiene que ser una solución. Y hoy, para muchos hidalguenses, esa ecuación sigue sin resolverse.